6.2: Dismantling Illicit Networks and Corruption Nodes ugaz paper

José Ugaz, 13th IACC, Workshop contribution, Human Security

 

NARCOTRAFICO, CORRUPCION Y GOBERNABILIDAD

 Jose Ugaz S.M.

                                                                                                     Benites, Forno & Ugaz 

     Perú

 

Esta breve presentación pretende demostrar que las redes ilegales y el crimen organizado afectan seriamente la gobernabilidad de los países y comprometen su estabilidad, convirtiéndose en una fuente permanente de alimentación a la corrupción  y generación de violencia.

 

Para tal efecto, vamos a darle una rápida mirada comparativa a la realidad de tres países latinoamericanos que, aunque con ciertas particularidades y diversa intensidad, comparten una misma problemática: el narcotráfico.

México

Según la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), organismo mexicano responsable de la lucha contra el crimen organizado, y en especial contra el narcotráfico, a la fecha existen 30 grandes organizaciones vinculadas al tráfico de drogas, las que se articulan alrededor de 8 cárteles (Juárez, del Golfo, Tijuana, Colima, Sinaloa, Milenio, Michoacán y Oaxaca). En los últimos años, los cárteles mexicanos han desplazado del negocio a las grandes organizaciones colombianas, que han visto reducida su capacidad de acción.

Cifras recientes dan una idea de la dimensión que ha asumido el problema del narcotráfico en este país. En el año 2007, se calcula que 2,500 personas fueron asesinadas por motivos directamente vinculados al tráfico de drogas. En los primeros 5 meses del presente año, ya han muerto 1,100 personas por el mismo motivo.

Solamente en el Estado de Michoacán, fueron asesinadas 500 personas por una disputa territorial ocurrida en el 2006 entre bandas rivales. Entre agosto y setiembre del 2007 murieron 110 personas en el Estado de Nuevo Laredo debido a un conflicto desatado entre los cárteles del Golfo y el de Sinaloa.

A mediados de los años 90, el narcotraficante Amado Carrillo, jefe del Cártel de Juárez, saltó a la fama con el apelativo de “Señor de los Cielos”, pues poseía una flota de Boeing 727 con la cual trasegaba la droga. Se estima que su organización logró a comerciar estupefacientes por aproximadamente 25 billones de dólares, de los cuales alrededor del 10% se habrían dedicado al pago de sobornos.

Debido a la violencia desatada por los narcotraficantes en el Estado de Michoacán, el actual gobierno dispuso en el 2006 el ingreso de 6,500 tropas a dicho territorio a fin de poner término a la situación generada por las organizaciones criminales. Esta incursión, que no tuvo nada que envidiarle a una operación militar desarrollada en el contexto de una guerra externa, incluyó el uso de tanques, helicópteros y barcos.

En el primer semestre del 2008, se ha capturado a 2,700 personas imputadas de estar vinculadas al ilegal negocio de la droga, y se ha incautado a estas bandas criminales 19 millones de pesos, 24 millones de dólares, 5,400 armas, 3.5 toneladas de cocaína y 84 kilos de heroína.

Entrenados por el ejército norteamericano en la “Escuela de las Américas” como grupos  élite de las fuerzas armadas mexicanas para combatir el narcotráfico (Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales – GAFE – y Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales – GANFE), cerca de 200 integrantes de estos destacamentos desertaron luego de ser  reclutados en los años 90 por el capo del cartel del Golfo, Osiel Cárdenas, para enfrentar a sus enemigos y proteger sus actividades ilegales. Se estima que este grupo, fuertemente armado, está integrado actualmente por una fuerza regular de 500 hombres, los que básicamente operan en la zona fronteriza de Nuevo Laredo (Estado de Coahuila), Tamaulipas y Nuevo León. Sus asesinatos, para los que muchas veces reclutan a pandillas locales, se caracterizan por la extrema crueldad con que son ejecutados. Para enfrentar a este grupo paramilitar, el Cártel de Sinaloa creó su propio grupo armado denominado “Los Negros”. Ambas fuerzas irregulares han protagonizado enfrentamientos muy violentos por mantener el control hegemónico del negocio ilegal de la droga, lo que algunos observadores han calificado como una verdadera guerra interna.

A fin de asegurar el desarrollo de sus actividades ilegales, las organizaciones criminales requieren  infiltrarse en las instituciones del Estado, controlar autoridades, y, como se ha verificado en los últimos años, incluso tener representación política para defender sus intereses y garantizarse protección e impunidad. Para tener una idea del impacto que estas organizaciones ilícitas tienen en las instituciones del Estado, basta mencionar que el denominado “zar antidrogas” mexicano, general de división Jesús Gutiérrez Rebollo, comisionado del desaparecido Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD, máxima autoridad mexicana en la lucha contra el narcotráfico, fue detenido y recientemente condenado a 40 años de prisión por haberse acreditado que estaba a sueldo en la planilla del “Señor de los cielos”.

El poder de estas organizaciones ilegales es tan grande, que en estos días se discute si la muerte del Ministro del Interior y el asesor principal en materia de lucha contra el narcotráfico, ocurrida a raíz del desplome de un avión en la capital federal, ha sido un atentado criminal de los narcotraficantes.

Colombia

El desarrollo del narcotráfico tuvo un explosivo desarrollo en Colombia a partir de los años 70, llegando a consolidarse 4 grandes organizaciones criminales que controlaron buena parte del comercio ilegal de cocaína a nivel mundial. Los denominados cárteles de Medellín (liderado por el tristemente célebre Pablo Escobar), de Cali (dirigido por los hermanos Rodríguez Gacha), del Valle Norte y de la Costa, han sido responsables de la exportación del 70% de la  cocaína ingresada a los Estados Unidos de Norteamérica, que los analistas más conservadores estimaban en 300 toneladas métricas anuales valorizadas en US$ 7 billones de dólares.

La problemática del narcotráfico en Colombia reviste una complejidad particular en la medida en que impregnó el conflicto armado que por más de 4 décadas padece ese país. Desde que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se alzaron en  armas, llegaron a controlar territorios en los que desarrollaban sus actividades los narcotraficantes. Luego de enfrentamientos iniciales, finalmente las FARC optaron por hacerse de importantes recursos económicos cobrando “impuestos” a los narcotraficantes a fin de permitirles desarrollar sus actividades en los territorios bajo su control. La situación se complicó aún más, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización que nucleaba a diversos grupos paramilitares creados para combatir a las FARC (se presume con complacencia oficial), también se involucraron con las organizaciones de narcotraficantes. Esta mezcla de narcotráfico, política y conflicto armado ha afectado por décadas la estabilidad de Colombia y se convirtió en una fuente inagotable de corrupción.

El impacto del narcotráfico en las instituciones oficiales colombianas ha sido tremendo. En meses pasados, 9 congresistas han sido detenidos bajo cargos relacionados con este delito, encontrándose entre ellos los hermanos de los Ministros de Justicia, Interior y Relaciones Exteriores, el Fiscal de Medellín y el primo del presidente Uribe.

Igualmente el negocio ilegal de la droga ha generado una fuerte distorsión en la economía colombiana producto del lavado de dinero que ha inyectado millones de dólares de origen ilegal a través de diversos mecanismos como el llamado mercado del dólar/peso, en virtud del cual dólares de origen ilegal circulando en el extranjero, eran pagados en el mercado local en pesos por organizaciones destinadas al contrabando y otras actividades ilegales.

Perú  

El Perú es el primer productor de hoja de coca en el mundo, principal insumo para la producción de clorhidrato de cocaína. Se estima que unas 125,000 personas se dedican a este cultivo, que produce aproximadamente unas 45,000 toneladas métricas de hoja, que a su vez se transforman en 140 toneladas métricas de cocaína al año.

El Perú fue por muchos años el proveedor de este insumo a las organizaciones colombianas, las que se dedicaban a la transformación química del producto en droga y su comercialización en los mercados internacionales (se estima que Colombia exportaba 440 toneladas métricas de cocaína al año, versus las 60 toneladas producidas por Bolivia, el tercero en la cadena de producción de este estupefaciente). Sin embargo, desde los años 90, las organizaciones peruanas optaron por darle valor agregado a su actividad, por lo que a la fecha, transforman hoja de coca en pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína, las que  son vendidas a los cárteles mexicanos y colombianos.

Cuando se inició el conflicto armado en el Perú con el surgimiento de los grupos terroristas denominados “Sendero Luminoso” y “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru”, éstos desarrollaron parte importante de sus acciones armadas en las zonas de producción de hoja de coca, principalmente en los valles del Huallaga y de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE). Al igual que lo ocurrido en Colombia,  no pasó mucho tiempo antes que los grupos terroristas empezaran a cobrar “cupos” a las organizaciones de narcotraficantes para permitir el trasiego de la droga en el territorio bajo su control. Las importantes cantidades de dinero obtenidas por permitir el tráfico de drogas, les permitió incrementar su capacidad logística, especialmente en lo que a adquisición de armas se refiere, lo que tuvo un impacto decisivo en la capacidad bélica de los grupos irregulares  y por ende en la agudización  del conflicto armado y  la prolongación de la guerra.

Una vez más, el accionar de las organizaciones criminales de la droga se convirtió en un motor de activación de la corrupción y de la falta de gobernabilidad del país.

Al iual que en los casos de México y Colombia, el tráfico de drogas influyó en la economía peruana e impactó en la política. Luego de la caída d el régimen autoritario y corrupto del presidente Alberto Fujimori, se pudo determinar que su principal asesor en materia de seguridad nacional, inteligencia y narcotráfico, Vladimiro Montesinos (quien en el pasado se había desempeñado como abogado de conocidos narcotraficantes peruanos y colombianos), estuvo comprometido en cobros ilegales a grupos de traficantes de drogas. Montesinos, en prisión desde el 2001, está siendo procesado judicialmente por una operación clandestina en la que se compraron 10,000 fusiles AKM en Jordania, los que fueron despachados por paracaídas en la selva colombiana para ser recogidos por las FARC. El grupo armado colombiano pagó a Montesinos con cocaína que a su vez fue vendida por éste a un narcotraficante brasilero.

En lo que se refiere al desarrollo de la violencia, en los últimos tiempos se ha hecho visible un incremento notable de ésta, no sólo en las zonas rurales de producción, donde la aparición cotidiana de cadáveres por ajuste de cuentas es una realidad cotidiana, sino en la propia capital, en la que los asesinatos perpetrados por sicarios  a plena luz del día se están repitiendo con preocupante frecuencia.

A manera de Conclusión 

Según arrojan los estudios en la materia, toda organización criminal requiere cuatro condiciones para desarrollar sus actividades exitosamente:

  1. Presencia en la política
  2. Desarrollar una segunda generación “ilustrada” (con educación profesional) y alejada del origen de las actividades ilegales
  3. Lavar el dinero ilegalmente obtenido
  4. Recurrir a la violencia para mantener su hegemonía

Como se puede apreciar de los ejemplos comparativos descritos anteriormente, el narcotráfico no sólo es una actividad delictiva como tantas otras acciones ilegales, sino que, como condición indispensable para su desarrollo, y debido a las ingentes cantidades de dinero que es capaz de movilizar,  desarrolla una amplia capacidad corruptora a través de sobornos y compra de servicios, y se convierte en un factor de generación de violencia frente a las fuerzas del orden y contra otras organizaciones criminales que constituyen su competencia. En el caso de los países productores y comercializadores de la droga, subdesarrollados, con importantes niveles de pobreza y afectados por una debilidad institucional que los convierte en estados frágiles, la arremetida de estas organizaciones criminales llega a tal nivel, que incluso son capaces de retar la viabilidad de los gobiernos establecidos y de los propios países. El poder económico del narcotráfico  -- comparable sólo al de algunos grupos subversivos, de los que muchas veces son aliados  – les permite la posibilidad de enfrentarse, incluso militarmente, al poder constituido.  

La lucha contra el crimen organizado es una lucha desigual en la que los estados no llevan la mejor parte. Mientras que éstos están sujetos por una serie de obstáculos formales como la falta de presupuesto, la excesiva e ineficiente burocracia, la falta de capacidad de coordinación interna e internacional, y  el límite que le imponen las fronteras y el concepto de soberanía, las redes ilegales interactúan con mucha flexibilidad,  cuentan con enormes recursos económicos y tecnológicos y no tienen fronteras, por lo que pueden desarrollar sus actividades con la misma facilidad a nivel local que global.     

Sin embargo, existen algunos ejemplos a seguir para lidiar con el crimen organizado exitosamente. Lo ocurrido con la ciudad de Medellín es digno de análisis. Hace algunos años, era una de las ciudades más violentas e inseguras del mundo con una tasa de 380 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hoy, luego de la aplicación de una serie de programas sociales, Medellín está por debajo de la mayoría de las ciudades latinoamericanas de su tamaño, con una tasa de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ello demuestra que además de poner orden e implementar campañas represivas es muy importante crear oportunidades de inserción social para los jóvenes y de reinserción para aquellos que han estado involucrados en el mundo ilícito del narcotráfico.

Ante el fracaso de las acciones de interdicción y represión como única respuesta al tráfico de estupefacientes (erradicación manual, química, criminalización de los campesinos cocaleros, etc.), debe ponerse énfasis en una política coherente y eficaz  de sustitución de cultivos que permita al eslabón inicial de la cadena, integrado por campesinos pobres, obtener ingresos que le permitan vivir dignamente y en paz. Para la aplicación de esta política y a fin de atacar el precio en el mercado ilegal de la droga debe re – pensarse sin prejuicios la posibilidad de implementar algunos esquemas de legalización que refuercen la de cultivos alternativos.

En materia económica igualmente es indispensable reforzar los mecanismos contra el lavado de activos, pues es evidente que las reglas existentes a la fecha son insuficientes para reducir el problema a niveles razonables.

Finalmente, en el ámbito político, es necesario neutralizar el control que las organizaciones  criminales ejercen sobre autoridades, instituciones y dirigentes políticos, para lo cual deben adoptarse medidas de transparencia en el ejercicio de la función pública, especialmente en lo que respecta al acceso a la información pública, y especialmente al financiamiento de la política. 

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Brazil 2012

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