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Martha Ruiz, 13th IACC, Workshop contribution, Governance, Civil Society

 

 

Investigative journalism, access to public information and Media Corporate Governance: Is there anything new?

13 International Anti-Corruption Conference

Athens, Greece

2 November 2008, 11-13hs

El caso de la para-política en Colombia

Marta Ruiz

Antecedentes

Colombia tiene un conflicto de cinco décadas, cuando guerrillas comunistas campesinas se armaron contra el gobierno y desde entonces hemos vivido una guerra de baja intensidad, con profundas crisis humanitarias.  Colombia sin embargo, mantiene una paradoja, aunque en las décadas recientes se puede decir sin temores que ha sido quizá la más violenta de las naciones, que alcanzó a tener 30 mil homicidios al año, y 5.000 sólo por razones política, es a la vez un país estable políticamente; uno de los pocos de América del Sur donde no hubo dictaduras militares, sino una democracia representativa relativamente funcional.

Pero hace más de dos décadas las cosas empezaron a cambiar con el ingreso de un nuevo actor, que al cabo de 25 ha terminado por volverse fundamental en el conflicto y la guerra: el narcotráfico.

Desde la década de los 80 ya se empezó a conocer el poder corruptor de los exportadores de Cocaína, en particular del primer gran cartel de la droga, el de Pablo Escobar.   En realidad la primera reacción de institucionalidad colombiana fue de resistencia profunda al narcotráfico. Periodistas, jueces, policía y gobierno denunciaron y repudiaron a estas mafias. Pero pagaron un alto costo por ello. Pablo Escobar mató en aquella época a decenas de periodistas, y en particular al director del segundo periódico más importante del país, mató al comandante de la policía a centenares de jueces y fiscales, y finalmente al Ministro de Justicia.  Con este hecho quedó declarada la guerra terrorista del Cartel de Medellín al Estado, lo que desembocó finalmente en la derrota y muerte de Escobar. 

Con la muerte de Escobar la mafia aprendió dos lecciones. La primera que es mejor corromper e infiltrar al Estado, que enfrentarse a él. Aprendieron que tenían que tener jueces, políticos y periodistas amigos. Y en segundo lugar que para mantener vivo el negocio del narcotráfico –que en Colombia combina los cultivos, el procesamiento y la comercialización de la cocaína- se necesitaban ejércitos y retaguardias rurales. Es decir, control territorial.

Es así como a mediados de los años 90 se conoció que el Cartel de Cali, que era la otra poderosa organización de narcotraficantes, había infiltrado la campaña presidencial del Presidente Ernesto Samper, aportando cinco millones de dólares para la misma. Muchos congresistas, ministros y políticos fueron a dar a la cárcel, pero nunca con castigos ejemplares. Muchos en Colombia pensaron que después de este episodio, conocido como el proceso 8.000, los políticos a estar al margen de la mafia.  Sin  embargo, ocurrió lo contrario.

En los años noventa fue creciendo un poderoso ejército paramilitar y de narcotraficantes, que tenía una doble condición. Por un lado actuaba como grupo contrainsurgente, y por otro, como grupo de protección del negocio del narcotráfico. Llegó a tener cerca de 20 mil hombres en armas, y control de una facción muy importante del territorio, en disputa abierta con las FARC. 

Cuando hace cinco años se empezó a hablar de una negociación con estos grupos, que condujeran a su desarme y reinserción en la vida civil, el gobierno ignoró los tentáculos que estos grupos tenían en la política, la economía y las fuerzas militares.  Muchos narcotraficantes se vistieron de camuflado e invocaron una condición supuestamente política para ser reconocidos en la mesa de negociación. Se desmovilizaron 30 mil hombres y entregaron más de 20 mil armas. Pero todo el espectáculo político no pasó inadvertido para los periodistas que sabían que algo seguía intento y eran los vínculos de los políticos y algunos empresarios con estos paramilitares, que no eran otra cosa que la más grande mafia de narcotráfico.

Los periodistas y la para-política

Durante años las investigaciones que la justicia adelantaba sobre vínculos de gobernantes y políticos con los paramilitares y el narcotráfico estuvieron paralizadas o no llegaban a ningún lado.  Los medios nacionales publicaban muchas historias sobre la participación de las elites regionales en redes de corrupción alentadas por estos grupos armados, pero en general la prensa regional, que era donde se estaba capturando al Estado, no podía informar porque la violencia había silenciado a todos.  En la última década fueron asesinados XXX periodista, casi todos por denunciar corrupción de políticos aliados con los paramilitares.  Muchos fueron baleados, amenazados, y en otros casos, los periódicos, emisoras y canales de televisión locales fueron comprados por personas afines a la mafia o testaferros de ellos.

Por eso la prensa nacional, urbana y mucho más poderosa, encabezó la denuncia.  Había una desmovilización, un proceso de justicia transicional en curso y la posibilidad de conocer muchas verdades.

En el 2002 y 2003 se habían empezado a ver fenómenos políticos atípicos como regiones donde solo hubo un candidato para gobernaciones y alcaldías, o donde para Congreso hubo votaciones atípicas, en regiones totalmente controladas por ellos, que mostraban por lo menos un constreñimiento electoral.  Los medios habían llamado la atención sobre el tema, y denuncias que bajo mucho temor hacían ciudadanos. Pero ninguna autoridad investigó.  Todo se quedó en rumores, y los candidatos, aunque elegidos bajo sospecha se posesionaron sin problema.

1. El computador de Jorge 40

Lo primero es advertir que fiscales o jueces, convencidos de que habría impunidad y frustrados por las presiones a las que fueron sometidos empezaron a filtrar información a los grandes medios escritos. En particular, la primera prueba de la profunda infiltración de los paramilitares y narcotraficantes en la región Caribe de Colombia la dio la filtración de una prueba que era el computador de un jefe paramilitar que había sido capturado por la Fiscalía, y cuyo proceso parecía que podría terminar como todos, pagando una alta suma por la libertad. 

El computador tenía información fragmentaria y desordenada e implicó una labor de ampliación, de verificación y de constatación en terreno de todo lo que allí estaba contenido.  Lo que encontramos era explosivo.

-Pruebas de que el DAS, que es el órgano de inteligencia del gobierno, le pasaba a los paramilitares las listas de personas –generalmente sindicalistas, periodistas o en todo caso opositores- que luego eran asesinados por sicarios en las calles.

-La prueba de cómo los paramilitares se habían robado la contratación pública.  A través de testaferros obligaban a que contrataran a las firmas que ellos señalaban, y pedían también un porcentaje generalmente del 10% de las obras.

-Tenían una nómina con militares, policías y miembros de la justicia, a los que les pagaban mensualmente por su silencio. Pero también en casos especiales, como cuando un cargamento de cocaína caía, lograban que se los devolvieran.  En 2004 dos toneladas de cocaína habían sido decomisados, y un puñado de policías y militares corruptos les devolvieron la droga, mientras en las cámaras de televisión hicieron un montaje quemando lo que apenas era harina de trigo.

-Las pruebas de cómo se robaron el dinero de la salud de los más pobres, y como se robaron cantidad de tierras, las cuales legalizaron bajo presión.

-Finalmente se reseñaban una cantidad de políticos y acuerdos con políticos, lo que revelaba que hubo en 2002 y 2003 una sofisticada estrategia electoral que eliminó a sangre y fuego a contrincantes, y en la que se obligó a la gente a votar por aquellos que habían hecho pacto con los paramilitares.  Es así como la democracia en muchas regiones se quedó apenas en el papel.

2. Una entrevista sirve de detonante

En una entrevista que uno de los jefes paramilitares dio a la revista SEMANA, este admitió que consideraban aliados a por lo menos el 35% de los congresistas. Esta entrevista sirvió como la primera pieza para el proceso que iniciaría la Corte Suprema de Justicia, y que hasta ahora ha logrado la investigación de XXXX, y copias a la Fiscalía para que se investigue a otros tantos políticos.

Efectivamente, por lo menos un 30% resultó involucrado con los paramilitares y jefes del narcotráfico en pactos políticos y en negocios para defraudar al Estado.

La Corte Suprema y los periodistas empezaron a actuar al tiempo, y sin proponérselo, coadyuvándose.  La prensa publicó pruebas y documentos que luego eran allegados al proceso judicial, o viceversa.

3. El proceso de justicia y paz arroja nuevos datos

Como dije antes, los paramilitares se habían desmovilizado y estaban en un proceso de justicia transicional en el que al confesar todos sus crímenes se les imponían penas muy cortas, previa reparación de las víctimas con sus bienes. El proceso ha funcionado a medias, pues 14 de los más importantes jefes fueron extraditados a Estados Unidos sin revelar todos sus secretos. Sin embargo, mucho se ha conocido a través de este proceso.

Las estrategias de los periodistas

1. Básicamente lo que hicimos en la revista SEMANA  fue un intenso trabajo de campo donde los testimonios que iban arrojando los testigos, se confrontaron siempre con documentos. Por ejemplo, para comprobar el fraude electoral se viajó a los pequeños municipios donde este se había presentado para revisar las actas y confrontar todo lo que los testigos decían. Se trabajó con bases de datos y sobre todo, buscando datos sobre la contratación pública.  En muchas ocasiones tuvimos que recurrir a derechos de petición, que son el instrumento que existe en Colombia para solicitar información que no está accesible, y mucho a fuentes anónimas.

2. Resultó muy útil consultar procesos judiciales ya cerrados, o simplemente pendientes que por años no avanzaron pero donde reposaban pruebas importantes de lo ocurrido.

Vale la pena destacar que la prensa nacional, más poderosa e influyente, sirvió de escudo para estas publicaciones pues la prensa local estaba completamente amedrentada. La mayoría de las veces los periodistas locales tenían cantidad de datos y fuentes que nunca usaron por miedo a ser asesinados.  Pero cuando empezó a destaparse este escándalo de la Para-política, empezamos  a trabajar de la mano con ellos. Nosotros publicábamos las historias, y luego ellos las reproducían en medios locales citando a la revista como autora de la información. Vale la pena decir que esta ha sido una estrategia usada por los medios colombianos con mucho éxito en ocasiones. Incluso para la defensa de la libertad de prensa.  Se inició cuando al parecer paramilitares al servicio de políticos corruptos mataron al subdirector de un periódico regional que había denunciado el robo de millonarios contratos. Entonces los grandes medios nacionales se unieron con los locales para hacer una investigación independiente sobre el crimen.  El reportaje, escrito a muchas manos, se publicó al mismo tiempo en por lo menos 10 medios diferentes, y cada año se hace una actualización del proceso, porque aún sigue en la impunidad.  Esta metodología la llamamos proyecto Manizales porque el crimen ocurrió en esa pequeña ciudad.

3. También fue clave no soltar los temas.  Cuando empezar a ver que nos habíamos metido no en una historia o un reportaje, sino en un proceso, entonces creamos un logo para este tipo de informes, e incluso una sección especial que la llamamos: el año de la verdad.  

 4. La importancia de las bases de datos.  La columnista Claudia López hizo un ejercicio que fue clave incluso para las investigaciones adelantas por la Corte Suprema de Justicia. Cruzó las bases de datos de los votos obtenidos por los senadores de quienes testigos decían se reunían con paramilitares, con los datos de las masacres cometidas por estos grupos. Encontró que en las zonas donde hubo masacres, creció exponencialmente la votación de determinados políticos, o hubo candidatos únicos. Muchos senadores no lograron explicar por qué crecieron tanto estos votos, ni la violencia desencadenada previa elección.  Finalmente la Corte pudo probar que se realizaron por lo menos cuatro reuniones con los jefes paramilitares (que son los señores de la guerra) donde se diseñaron sofisticadas estrategias electorales para optimizar votos y garantizar bajo intimidación que todos los habitantes votaran bajo coacción por estos candidatos.

La respuesta de los investigados

Vale la pena anotar que el 98% de los políticos investigados por la Corte Suprema pertenecen a la coalición que respalda al gobierno y en ese sentido el Congreso ha entrado en una especie de inmovilidad pues las mayorías oficialistas están seriamente afectadas. El gobierno ha reaccionado especialmente contra la justicia, y en menor medida contra los medios de comunicación y todos los investigadores y columnistas que se refieren al tema. La campaña ha sido básicamente de desprestigio por parte del gobierno, que ha desembocado en una verdadera crisis institucional pues el enfrentamiento con la Corte Suprema ha llegado hasta la confrontación abierta, y las mutuas denuncias por calumnia.

Aunque en las regiones ha habido algunas amenazas, en general los medios nacionales han podido informar sin que haya hechos de violencia. Lo que sí se ha incrementado notablemente son las denuncias penales por injuria y calumnia, y por violación al debido proceso pues muchas de las pruebas han terminado publicadas a pesar de tener reserva de sumario.

Lo otro importante es entender que los paramilitares y sus aliados han intentado usar a los medios para generar una sensación de caos e inestabilidad en el país, dando a entender que todo el mundo es culpable, y que no existen sectores limpios.  Con la estrategia de “si todos somos culpables, nadie es culpable” también se ha logrado una simetría entre muchos casos que son diferentes.

Lecciones y aprendizajes

1. Aprender a leer el tema mafioso más allá de lo meramente policial y entender su dinámica económica, política y social ha sido lo más importante, y el legado que le ha dado el periodismo a la democracia colombiana en este episodio.

2. La independencia a prueba de avisos.  Uno de los jefes paramilitares intentó en un momento publicar un aviso millonario en la revista, donde desmentía lo que las informaciones periodísticas habían dicho.  En esta ocasión fue muy importante un diálogo oportuno y franco con la parte comercial y gerencial de la empresa ara bloquear el aviso.  En ningún momento se han aceptado avisos de sus empresas.

3. El acceso a la información en Colombia ha sido en las leyes garantizado. Pero no en la práctica. No hay una tradición de conservación de archivos y muchas bases de datos están desactualizadas.  Por eso hubo que recurrir muchas veces al derecho de petición o la tutela.  También a la clásica “viuda del poder” que permitió tener pistas sobre nombres, contratos y otros asuntos cruciales.

4. El trabajo en equipo e interdisciplinario, pues se tuvo permanente comunicación con organizaciones especializadas en transparencia y observatorios políticos.  Parte de esto fue la creación de la página www.verdadabierta.com, que es una propuesta de SEMANA con otras fundaciones de la sociedad civil.

5. Hasta ahora la separación de poderes ha sido muy importante para nosotros, pues la información que nos negaba una fuente, podía ser adquirida por otra. Pero infortunadamente esa separación está siendo cuestionada hoy cuando se piensa en una nueva reelección del Presidente, que de llegar a darse, asfixiaría la independencia de los demás poderes.  

6. Nos queda la duda de si el país logrará a partir de este escándalo, cambiar su manera de hacer política, y su ética de lo público. O si sólo es un escándalo más mediático, como otros que hemos vivido, y no logran transformar la realidad. En ese sentido el papel del periodismo se agota de alguna manera en la información, pero la acción política le toca a otros actores. La pregunta es ¿qué ocurre si esos otros actores no actúan? ¿Puede el periodismo romper la frontera y convertirse además en actor de la crisis? En Colombia esto se ha hecho sólo en el tema humanitario, donde los medios han sido actores, más no en asuntos de corrupción.  Esa pregunta queda planteada para el futuro.

7. Algunas cifras de balance son las siguientes:

*Los paramilitares en el proceso de justicia transicional han confesado más de 10 mil homicidios, y se calcula que igual cifra de desaparecidos hay en el país. Actualmente hay 600 paramilitares rindiendo versión libre en la Fiscalía.

* Actualmente hay 340 políticos, entre congresistas, alcaldes, concejales y diputados investigados.  74 de ellos son congresistas y 29 de ellos en prisión. 

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